El día 1 de enero de 2015 se aprobó en el Congreso de los
Diputados la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, según la cual pasa a
tener vigencia el canon AEDE (Asociación de Editores de Diarios
Españoles), más conocido como Tasa Google. ¿Y en qué consiste este
canon? Pues en que cualquier agregador de noticias como puede ser Google News tendrá
que pagar a los medios cuyos enlaces esté usando.
Y podríamos decir: “pues eso está bien, si usan sus enlaces
resulta natural que tengan que pagar por ellos”. Pero en realidad no es así la
cosa. Para empezar estos enlaces se encuentran en estos medios de manera gratuita,
y a todos los periódicos les conviene tener cuantas más visitas mejor, porque
en Internet no se hace dinero porque alguien acceda a tal o cual artículo, algo
un tanto dieciochesco, sino por el flujo de visitas que tenga tu web, por lo
que no creo que se debiera tratar a páginas como Meneame, Zite o Flipboad como
clientes, sino como aliados.
Os voy a poner un ejemplo, el blog www.lashuellasdelabestia.blogspot.com
es seguido por dos amigos, tres familiares y un señor despistado de Albacete.
Si mañana “Meneame” decidiera anexar el link de un artículo interesante, tal y
como pasó hace dos años, las visitas se multiplicarían (concretamente unas 2000
en menos de 24 horas). Esto es bueno para este blog, ya que cuantas más visitas haya, más dinero entrará por publicidad. Pero lo que pretende el artículo 32.2
es que cualquiera que enlace cualquier contenido, sea el que sea, tenga que
pagar por él, con lo que criminaliza prácticamente a la totalidad de usuarios
de Internet.
Art. 32.2. La puesta a disposición del público
por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos
de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones
periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una
finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no
requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de
otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este
derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de
gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta
a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o
mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de
actualización periódica estará sujeta a autorización.
Resumiendo, que si enlazas, pagas, y el medio no tiene
posibilidad de rechazar este pago, ya que se trata de un derecho “irrenunciable”.
El Gobierno, eso sí, deja que sean los medios y los agregadores de contenidos
quienes lleguen a un acuerdo económico entre ellos, y si no lo hacen será el
propio Gobierno el que se encargue de imponerlo.
Por lo tanto no se puede decir que esta ley le haga un gran
favor a los diarios digitales, que sin estos agregadores sin duda verán
mermadas sus visitas, y sus ingresos, tal y como ya les ha pasado a varios diarios alemanes que decidieron desaparecer de Google News. Y es que en España estamos empeñados en
adaptar Internet (nuevas tecnologías, medios de comunicación, negocios…) a
leyes antiguas, en vez de adaptar las leyes a una nueva realidad que, lo quiera
el Gobierno de turno o no, se acabará imponiendo. El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea parece ir por delante cuando establece que: “si se enlaza a un contenido que está gratuita y abiertamente publicado
en la red, no es necesaria compensación (ni autorización) de ningún tipo”. Claro
que para el Gobierno español no es lo mismo un enlace que un “fragmento
significativo”.
¿Qué sentido tiene entonces aprobar una ley como esta?
Por las tornasoladas mentes de los que la aprobaron rondaba
la idea de recaudar 80 millones de euros al año, pero Google News ha decidido
dejar de operar en España, así que, eliminando este factor de la ecuación,
parece que será difícil que lleguen a esa cifra. La pregunta siguiente es ¿cuánto
dejarán de ganar los medios cuando vean reducido su caudal de visitas?, ¿les
compensará el dinero que les obliga a cobrar el Gobierno?
Además, al criminalizar los enlaces, si alguien tiene
pensado abrir un negocio en Internet lo más probable es que lo haga desde el
extranjero, con lo que estamos coartando la iniciativa comercial y tecnológica
(aquí somos más de incentivar las tapas y la sangría para los turistas), y
dejamos de recaudar posibles ingresos.
Entonces, ¿qué sentido tiene esta ley? No se me ocurre
ninguno, excepto dificultar el acceso a esas “pequeñas” noticias relevantes que
todos compartimos en sitios como Twitter y Facebook, porque la mayor parte de la
gente accede a las noticias a través de las redes sociales. No les vendrá mal
cortar el flujo libre de información para tratar de que no nos enteremos de la
misa la media… Ya que no pueden impedir el flujo de noticias, al menos
tratan de controlar su caudal.
Ah, y no te olvides, si te ha parecido interesante, pórtate mal y comparte este artículo, criminal.
Quique Castro.
