1. Reducción del déficit público;
2. Reducción del porcentaje de
deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto.
3. Rebaja de la inflación.
Dos años y tres meses más tarde
de la investidura del Gobierno, los objetivos se habían cumplido y el Consejo
Europeo decidió por unanimidad la inclusión de España dentro de los 11 países
que inicialmente compondrían la Union Económica y Monetaria.
Este aparente triunfo, dejó tras
de sí un reguero de consecuencias negativas para el común de los ciudadanos:
1. Se aumentó notablemente la
presión fiscal de las clases medías y bajas: mientras que a la clase alta se le rebajó en un 6%, se congelo el
sueldo de los funcionarios.
2. Se redujo el poder adquisitivo en un 4% —único
país de la Unión Europea en que descendió—.
3. El
Salario Minimo Interprofesional se
situó en tan sólo un 34% del salario medio del país (la recomendación europea
era del 60%).
4. Severas
políticas de austeridad y recorte de inversión tanto en educación como en sanidad,
dos pilares fundamentales del llamado “Estado del bienestar”.
Pero
si a medidas controvertidas del Gobierno de Aznar nos referimos, tres se llevan
la palma:
1. Flexibilización del mercado de trabajo,
2. Política de privatizaciones de empresas
públicas.
3. Ley del suelo de 1998.
Lo
que en su día se conoció eufemísticamente como “flexibilización laboral”, fue en toda regla una precarización de los trabajadores. Las consecuencias fueron estas:
1. Se
redujo la indemnización por despido
improcedente.
2. Los empleos temporales se multiplicaron
hasta cifras desorbitadas —un 250% más, que la media de la Unión Europea—.
3. Los
“empleos basura” ligados
fundamentalmente a la construcción y al sector de la hostelería fueron la base
de la bajada del paro, y los que primero
afectó la crisis actual.
Otra
medida impulsada por Rodrigo Rato, fue la venta de empresas públicas como Repsol,
Telefónica, Endesa, Tabacalera, Argentaria, Red Electrica Española y un
largo etcétera, esta privatización masiva
fue la base de la reducción del déficit.
En
las cúpulas directivas de dichas empresas situaron a gente muy afín al Partido
Popular —denominados por el Financial Times, como “Rodrigo Rato's friends” (amigos de Rodrigo Rato)— para seguir
influyendo en estos emporios estratégicos, una vez privatizados. Gente como Juan Villalonga (Telefónica) compañero
de pupitre durante el Bachillerato, e intimo amigo de Aznar —ahora parece que
distanciados—, Rodolfo Martín Villa
(Endesa) procedente del Sindicato
Vertical franquista y miembro de la
Ejecutiva Nacional del PP, Miguel Blesa (Repsol) íntimo amigo
amigo de Aznar, amistad forjada cuando ambos opositaban a Inspectores de
Haciendca, Vicente de La Calle
(Tabacalera) amigo personal de Rato etc..
La
mayor parte de estos gestores, cuando las empresas completaron el proceso de
privatización, multiplicaron sus sueldos
y tejieron una amplia madeja de influencias para perpetuarse en el poder.
Lo correcto habría sido, que una vez que se hubiese completado el proceso de
privatización hubiesen dimitido, dejando a los accionistas elegir libremente un
nuevo consejo de administración, al margen de la política.
La Ley del suelo de 1998 aprobada por el Gobierno popular, introdujo un elemento
clave, que es en teoría, la agilización de trámites para que “todo aquel suelo
que no sea susceptible de protección natural, ambiental, histórica o
paísajística pueda ser urbanizado”, al
corresponder a los Ayuntamientos las competencias urbanísticas de otorgar los
permisos de edificación, sin que haya
unos criterios objetivos, claros y trasparentes, esta liberalización del
suelo, fomentó el pago de sobornos, la corrupción y el aumento de los pelotazos inmobiliarios.
En tan sólo 4 años el precio de la vivienda se disparó un 30% y la dependencia
del sector constructivo, en la generación de nuevos empleos fue claramente en
aumento.
Por
lo tanto podemos concluir que la gestión de Rodrigo Rato al frente del
Ministero de Economía se salda con unas cifras
macroeconómicas notablemente buenas
—empleo, deficit, inflación— , detrás de las que se esconden unos cimientos muy endebles, basados en la
generación de un empleo precario y poco poco productivo, además de un
empobrecimiento del Estado del bienestar y un aumento de la corrupción y los
pelotazos urbanísticos.
Tras
concluir sus dos legislaturas al frente de la cartera económica, accedió a la
Presidencia del Fondo Monetario
Internacional, puesto que desempeño entre los años 2004 y 2007. El balance al
frente del organismo no puede ser más desalentador, un informe auditor
elaborado por el propio Fondo, en
concreto por la Oficina de Evaluación
Independiente concluye lo siguiente: “El FMI no pudo anticipar la crisis, su
ritmo ni su magnitud, y en consecuencia no pudo advertir a sus miembros” “se confió excesivamente es la solidez y la
resistencia de las grandes instituciones financieras, y en las prácticas
llevadas a cabo por los principales centros financieros”, estos errores se
debieron a “un elevado grado de pensamiento
de grupo, una captura intelectual y un pensamiento generalizado de que una gran
crisis financiera en las economías avanzadas era improbable". "Una
gobernanza interna débil y una cultura institucional que desalienta visiones
contrarias, también jugaron un papel importante”.
Como
premio a su “esplendorosa” carrera se le nombró presidente de Caja Madrid, que tras la fusión con otras 6 cajas de
ahorros se convirtió en la cuarta entidad bancaria del país, se le asigno un
sueldo de 2,34 millones de euros y tras dos años y medio en la presidencia, se
vio obligado a dimitir tras conocerse que Bankia tendría que recibir entre 7000
y 10000 millones de euros de dinero
público, para paliar su gran exposición al sector inmobiliario y promotor
(ahora se sabe que serán 20.000 millones, y ”lo que haga falta”, que saldrán, otra vez, de nuestros bolsillos). Lo que en su día sustentó su gran “triunfo”
político, la especulación inmobiliaria, se convirtió en su tumba como “gurú” de
las finanzas.
