EL ACCIDENTE, EL HOMICIDIO.
La catástrofe tuvo
lugar un 13 de junio de 2002 a las 13:15 horas aproximadamente. El helicóptero
BELL 212 con matrícula EC-GJL se partió en dos en pleno vuelo y cayó desde una
altura de unos doscientos metros sobre el municipio de Toraiola, en Lleida.
El cono de cola se
separó del helicóptero, que se precipitó al vacío girando sobre sí mismo hasta
que estrello contra el suelo y se incendió. En el helicóptero viajaban ocho personas:
piloto y copiloto, dos técnicos en termografía, un responsable de la compañía
eléctrica y tres funcionarios del Departamento de Turismo e Industria de la
Generalitat. Todos fallecieron.
Esta ha sido una de las
mayores tragedias de la aviación civil ocurridas en España, y han tenido que
pasar diez años para que el Juzgado de lo Penal 1 de Lleida dictara sentencia.
La empresa HELIEUROPA
SERVICE, administrada por Pedro María
Sáenz de Maturana, había adquirido el fuselaje de este helicóptero a un museo militar por 3.000 euros, y después lo rellenó con
material procedente de accidentes aéreos
y desgüace de aeronaves BELL UH-1H. La vieja carcasa pertenecía a un
helicóptero militar encargado por el Gobierno español a la empresa italiana
Augusta en 1966, y fue precisamente
el aparato en el que Su Majestad el Rey don Juan Carlos I aprendió a pilotar.
La
primera en darse cuenta de las irregularidades fue la Dirección General de
Aviación Cívil (DGAC) de Francia, que tramitó una
consulta a la DGAC de España sobre la aeronave siniestrada, ya que esta había
sido contratada para operar en Marsella. El motivo de la consulta era que el
número de serie (n/s 4010), no
correspondía a un helicóptero AB 205 A1, sino, probablemente, a un AB 205 (sin
el A1), no convertible en AB 205 A1 y
sin autorización para transportar pasajeros.
AB 205 – MILITAR.
AB 205 A1 – CIVIL.
El helicóptero fue
suspendido de operaciones en Francia. La DGAC en España, sin embargo, emitió un
certificado de matrícula como AB 205 A1 con categoría de transporte de
pasajeros.
Resumiendo: HELIEUROPA SERVICE, propiedad de Pedro María Sáenz de Maturana, hizo
pasar por civil un helicóptero militar para poder operarlo. En Francia este
helicóptero fue suspendido de operaciones, mientras que en España, tanto la
Dirección General de Aviación Civil (DGAC) como la Dirección de Seguridad de
Vuelo (DGS) se limitaron a tramitar
nuevos certificados que validaran su operatividad. Certificados que, según la
DGAC, aún siendo efectivamente expedidos nunca se llegaron a entregar a los
propietarios de la aeronave, a pesar de que años más tarde estos propietarios
denunciaron su robo para que les remitieran una nueva copia. En definitiva, un
galimatías burocrático chapucero, ilegal y de oscuro discernimiento. Tan oscuro
como el pasado de Pedro María Sáenz de
Maturana, al que se ha llegado a vincular en sus tiempos como piloto con
los atroces “vuelos de la muerte” de Pinochet, y que en 2011 fue puesto en
libertad después de ser arrestado por su presunta vinculación en una
organización de tráfico de material de guerra.
Esta es sólo una de las
96 irregularidades en que
incurrieron los propietarios de la nave y que implican a la Dirección General
de Aviación Civil, entre las cuales se cuentan las siguientes:
-El Centro de Mantenimiento
de la aeronave no cumplía los procedimientos establecidos,
-Entre las actividades
realizadas por el Centro de Mantenimiento figuraban trabajos no autorizados.
-La relación de útiles
y herramientas especiales del Centro de Mantenimiento era insuficiente.
-Los manuales de
mantenimiento para el modelo AB 205 estaban obsoletos y no tenían validez.
-Los cuadernos de inspección
no estaban controlados.
-El cuaderno de
revisión de las 1.200 horas fue copiado punto por punto del cuaderno de
inspección de las 100 horas.
-Se le habían instalado
piezas que no disponían de documentación.
-El control de rotables
estaba incompleto y adolecía de graves carencias.
-El control de
Boletines de Servicio estaba incompleto.
-La aeronave tenía
piezas que habían sobrepasado su límite de vida o sobre las que el fabricante
había dado instrucciones concretas para su retirada.
-El control de los
partes de mantenimiento estaba incompleto.
Todas
estas carencias habían sido puestas de manifiesto por la DGAC no en una, sino
en varias inspecciones. No obstante, en todos los informes de inspección, se
consideraba que, dentro de la Dirección de Operaciones, “la compañía cuenta con los medios necesarios para efectuar una
operación normalizada”.
Diez años duró la causa.
Diez años reabriendo heridas. Y por fin se dictó sentencia, pero ¿se impartió
justicia? El resultado final fue que todos los imputados fueron absueltos. En
este caso ni siquiera ha podido decirse aquello de que “la justicia es lenta,
pero implacable”.
A pesar de que todas y cada una de las 96 irregularidades
cometidas fueron aceptadas en el juicio, el juez estimó que ninguna de
ellas había sido causa suficiente para motivar el accidente y así, una tras
otra, las fue desestimando acogiéndose a la fórmula “dubio pro reo”, es decir,
que al existir duda, la balanza de la Justicia debe inclinarse a favor del
acusado.
Tal vez, examinadas por
separado, ninguna de estas noventa y seis irregularidades desestimadas fueran
motivo suficiente para que tuviera lugar la catástrofe, pero si sumamos todas y cada una de ellas,
algunas tan graves como las mencionadas, tal vez, entonces, el juez hubiera
dejado de ser el único dubitativo.
A los que hemos seguido
este caso de cerca y hemos tenido la oportunidad de examinar el informe
pericial, la sentencia nos parece una broma macabra dictada por un vesánico
pagado de sí mismo que juega a ser Dios con un cubilete y unos dados.
No nos son ajenos en
este país los casos de manipulación de la ley por parte de los jueces, cuyas
motivaciones son evidentes en algunos casos, como el miedo del juez Castro en
el caso Urdangarín a la hora de imputar a la infanta Cristina, pero ¿por qué en
este?
Podría parecernos que una
resolución tan arbitraria y contumaz para con la verdad y la justicia sólo
puede ser motivo de la ineptitud o causa de algún oscuro interés personal, pero
al fin, sencillamente, habremos de aceptar que la sentencia dictada está basada
en altos y justos razonamientos sólo evidentes para el juez, y que a nosotros, pobres
ignorantes, no nos es dado entender.
Quique Castro.