Tasa Google: ¿censura o torpeza?

El día 1 de enero de 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, según la cual pasa a tener vigencia el canon AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), más conocido como Tasa Google. ¿Y en qué consiste este canon? Pues en que cualquier agregador de noticias como puede ser Google News tendrá que pagar a los medios cuyos enlaces esté usando.

Y podríamos decir: “pues eso está bien, si usan sus enlaces resulta natural que tengan que pagar por ellos”. Pero en realidad no es así la cosa. Para empezar estos enlaces se encuentran en estos medios de manera gratuita, y a todos los periódicos les conviene tener cuantas más visitas mejor, porque en Internet no se hace dinero porque alguien acceda a tal o cual artículo, algo un tanto dieciochesco, sino por el flujo de visitas que tenga tu web, por lo que no creo que se debiera tratar a páginas como Meneame, Zite o Flipboad como clientes, sino como aliados.

Os voy a poner un ejemplo, el blog www.lashuellasdelabestia.blogspot.com es seguido por dos amigos, tres familiares y un señor despistado de Albacete. Si mañana “Meneame” decidiera anexar el link de un artículo interesante, tal y como pasó hace dos años, las visitas se multiplicarían (concretamente unas 2000 en menos de 24 horas). Esto es bueno para este blog, ya que cuantas más visitas haya, más dinero entrará por publicidad. Pero lo que pretende el artículo 32.2 es que cualquiera que enlace cualquier contenido, sea el que sea, tenga que pagar por él, con lo que criminaliza prácticamente a la totalidad de usuarios de Internet.

Art. 32.2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Resumiendo, que si enlazas, pagas, y el medio no tiene posibilidad de rechazar este pago, ya que se trata de un derecho “irrenunciable”. El Gobierno, eso sí, deja que sean los medios y los agregadores de contenidos quienes lleguen a un acuerdo económico entre ellos, y si no lo hacen será el propio Gobierno el que se encargue de imponerlo.

Por lo tanto no se puede decir que esta ley le haga un gran favor a los diarios digitales, que sin estos agregadores sin duda verán mermadas sus visitas, y sus ingresos, tal y como ya les ha pasado a varios diarios alemanes que decidieron desaparecer de Google News. Y es que en España estamos empeñados en adaptar Internet (nuevas tecnologías, medios de comunicación, negocios…) a leyes antiguas, en vez de adaptar las leyes a una nueva realidad que, lo quiera el Gobierno de turno o no, se acabará imponiendo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece ir por delante cuando establece que: “si se enlaza a un contenido que está gratuita y abiertamente publicado en la red, no es necesaria compensación (ni autorización) de ningún tipo”. Claro que para el Gobierno español no es lo mismo un enlace que un “fragmento significativo”.

¿Qué sentido tiene entonces aprobar una ley como esta?

Por las tornasoladas mentes de los que la aprobaron rondaba la idea de recaudar 80 millones de euros al año, pero Google News ha decidido dejar de operar en España, así que, eliminando este factor de la ecuación, parece que será difícil que lleguen a esa cifra. La pregunta siguiente es ¿cuánto dejarán de ganar los medios cuando vean reducido su caudal de visitas?, ¿les compensará el dinero que les obliga a cobrar el Gobierno?

Además, al criminalizar los enlaces, si alguien tiene pensado abrir un negocio en Internet lo más probable es que lo haga desde el extranjero, con lo que estamos coartando la iniciativa comercial y tecnológica (aquí somos más de incentivar las tapas y la sangría para los turistas), y dejamos de recaudar posibles ingresos.

Entonces, ¿qué sentido tiene esta ley? No se me ocurre ninguno, excepto dificultar el acceso a esas “pequeñas” noticias relevantes que todos compartimos en sitios como Twitter y Facebook, porque la mayor parte de la gente accede a las noticias a través de las redes sociales. No les vendrá mal cortar el flujo libre de información para tratar de que no nos enteremos de la misa la media… Ya que no pueden impedir el flujo de noticias, al menos tratan de controlar su caudal.

Ah, y no te olvides, si te ha parecido interesante, pórtate mal y comparte este artículo, criminal.

Quique Castro.